Se ha generado un gran debate entre rectores de diferentes universidades y autoridades del MINEDUC respecto al nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS). Esto debido a que los rectores no están conforme con la cláusula que los obliga a tener que financiar, a través de créditos y becas que otorgue la propia institución, la diferencia entre el arancel regulado –que financiaría el estado a través del SIFS– y el arancel real para los alumnos de los seis primeros deciles. Además, establece que los alumnos deberán cancelar el crédito que otorgue la institución después de que hayan pagado al menos el 50% del crédito que les prestó el Estado.
Estas medidas se podrían interpretar como forma de asegurar que el crédito estatal sea sustentable en el tiempo. Pero cabe preguntarnos ¿qué pasa con la sustentabilidad de las universidades? La realidad es que las universidades no han logrado financiarse por sí solas con el arancel regulado. Por ello, la fijación de precios que genera el SIFS, más la modalidad de pago que exige, podría generar efectos adversos.
Si bien es un buen incentivo que las universidades con mejores acreditaciones y con mayor número de alumnos vulnerables reciban mayor cobertura del crédito, ello no implica que la fijación del precio no perjudique sus proyectos educativos. Hemos sido testigos de los problemas que generó a las instituciones de educación superior el déficit que les dejó la gratuidad, teniendo en algunos casos que cerrar centros de estudios y minimizar la inversión en investigación para poder sostenerse.
Según una estimación realizada por Acción Educar, el déficit que podría generar este nuevo financiamiento podría llegar a ser de 35 mil millones de pesos para las universidades. Sin duda esto afectaría su calidad.
Para que el SIFS sea un buen sistema, debe lograr que el flujo de un estudiante de primer año se pague con el egreso de otro estudiante. De la misma manera se debería poder pagar un porcentaje de ambos créditos al mismo tiempo.
Finalmente, el proyecto debiera contemplar la creación de un Consejo que evalúe anualmente el funcionamiento del sistema para que, a través de él, se observe la sostenibilidad en el tiempo. Así podríamos evitar darnos cuenta más de 10 años después que este nuevo crédito no tiene un correcto funcionamiento.
