Por Vicente Guajardo
Publicado en Diario Financiero, 30 de agosto de 2022
La semana pasada el Gobierno anunció la creación de «supermercados populares» como solución al problema de desperdicio de alimentos. Más allá de las aprensiones que genera el término, surgen serias dudas respecto al real impacto de esta medida en la coyuntura económica que atraviesa el país.
Actualmente ya existen organizaciones privadas sin fines de lucro que realizan esta labor y que podrían estar acreditadas para actuar como intermediarios entre las cadenas de alimentos y los consumidores finales, o establecer incentivos para fomentar la donación de estos productos por parte de los supermercados y evitar así la burocratización que implica crear nuevos órganos que -todo indica- serían estatales.
¿Estará en conocimiento el Ejecutivo de la situación que agobia al alcalde Daniel Jadue con sus farmacias populares? Nuevamente realiza un anuncio -entre vítores y aplausos de sus partidarios-, pero sin dotarlo de un contenido concreto, pues no especifica la naturaleza de estos supermercados, la forma de comercializar los productos ni la relación con los proveedores.
El Gobierno debería centrarse en medidas efectivas para frenar el alza de los precios, al menos, de la canasta básica, en vez de pregonar vagas ideas sobre qué hacer con los sobrantes de las grandes cadenas distribuidoras.
