El Ministerio de Educación cuenta con suficientes atribuciones e información para descubrir errores o fraudes de sus funcionarios o de los sostenedores. Corregirlos no depende de la creación de nuevos órganos de fiscalización o de entregarles mayores facultades a los ya existentes. La solución está en la simplificación del proceso de fiscalización, con responsabilidades claras y definidas y consecuencias para quienes no cumplen las normas. Los esfuerzos deben centrarse en los aprendizajes: esta es la variable que debiera determinar los premios a los establecimientos y a sus docentes, así como las sanciones a quienes no los logran.
