Se trata de un proyecto que introduce una serie de modificaciones a la Ley Nº 20.584, conocida como la ley de derechos y deberes de los pacientes, y al Código Penal, con el fin de permitir y regular la asistencia médica para morir y el suicidio asistido, bajo la consigna de garantizar la muerte digna de las personas que sufren de una enfermedad terminal.
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