En los sistemas democráticos latinoamericanos todas las autoridades deben disponerse para que la opinión pública realice un amplio escrutinio de sus actos y decisiones. Esta actitud abierta permite a la ciudadanía ejercer control social y participar en la apreciación de la función pública, fomentando un proceso de rendición de cuentas que permita asignar responsabilidad. Todo lo cual colabora a generar o reconstruir la confianza en las instituciones públicas y a fortalecer la democracia representativa, esa misma que se ha visto amenazada en América Latina por movimientos sociales que pretenden superarla desplazando a los partidos políticos y diluyendo los contrapesos institucionales que tienen roles de contención para, en definitiva, concentrar el poder en los Ejecutivos.
