Se ha requerido declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 2°, N° 2°, del DFL N° 1°, que fijó el Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, en la parte que señala que el Servicio de Tesorerías está a cargo de efectuar cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa, y además de los artículos 170, 171, 172, 173, 174, 177, inciso cuarto, 178, incisos primero, segundo y tercero, 179, respecto de las frases que se indican, contenidas en los incisos primero, segundo y cuarto, 190 y 193 del Código Tributario.
El actor objeta dichas disposiciones principalmente porque se crea un juez y tribunal al interior de la administración, y quienes realizan todo el juzgamiento no pueden tener la calidad de jueces, por carecer de los requisitos que exige el debido proceso constitucional. Además impugna los artículos del Código Tributario en la parte que le otorgan potestades de naturaleza jurisdiccional al Tesorero y al Abogado Provincial, a mayor abundamiento que el procedimiento de cobro en cuestión tiene una etapa administrativa y otra judicial. No obstante, en la primera se practican actuaciones trascendentes en la estructura de todo procedimiento administrativo, como lo es el mandamiento de ejecución y embargo, el requerimiento de pago y la traba del embargo.
El Tribual Constitucional se pronuncia al respecto, rechazando el requerimiento, ya que el precepto impugnado no tiene aplicación al caso concreto toda vez que el proceso contempla la posibilidad de impugnar las resoluciones y que además está establecido en la ley. A mayor abundamiento, la Constitución permite que los órganos del Estado ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional.
Fuente: Rol 3297-16-INA
Rol 3297-16-INA
Alegatos con respecto al requerimiento presentado por vicios de constitucionalidad en el presupuesto de educación 2016 en el Tribunal Constitucional
FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO
