El proyecto de ley de usurpaciones surgió de las mociones refundidas de los senadores Aravena, Chahuán, Ruminot, Pugh, Sabat, Von Baer y Kast a propósito de la proliferación de usurpaciones de bienes inmuebles a lo largo del país, especialmente en la zona sur, y ante la necesidad de hacer frente a las graves deficiencias y baja penalidad del Código Penal en esta materia.
La discusión del proyecto en sus distintos trámites se centró en la posibilidad de contemplar la figura de la presunción legal de defensa propia (legítima defensa privilegiada), la necesidad de evitar la distinción entre distintos tipos de tomas, la extensión de la flagrancia en caso de usurpación, la sanción con pena de cárcel para toda usurpación y la posible criminalización de los movimientos sociales y campamentos, mismos puntos centrales que el veto presidencial busca volver a modificar. Lo cierto es que durante toda su tramitación existió una oposición férrea del Partido Comunista al proyecto, motivo evidente del veto presentado por el presidente Boric quién prefirió hacer un guiño a su sector antes que respetar la opinión mayoritaria expresada en la aprobación del proyecto por el Congreso.
