Por Jorge Jaraquemada
Publicado en La Tercera, 30 de marzo de 2023
En los albores del segundo proceso constitucional ha tomado relevancia la discusión de los contenidos del nuevo texto. Es menester recordar que no llegamos a esta instancia por la fractura que estalló el 18 de octubre de 2019, ni tampoco por la marcha de la semana siguiente, donde la demanda de una nueva Constitución estuvo casi ausente, pero sí dio una inesperada plataforma política a las elites de izquierda. La consigna que la exigía -surgida y consolidada después de la insurrección que colmó de tropelías a Chile- dio paso en noviembre al Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, al que se plegaron, de buena fe, el gobierno y la centroderecha. Para las izquierdas, no obstante, fue una excusa oportuna para concretar el anhelo latente en el seno de sus respectivos proyectos: “eliminar la Constitución escrita en dictadura por Jaime Guzmán”. Tanto las izquierdas que aceptaron la Constitución de 1980 o la de Lagos de 2005, como aquellas que nunca lo hicieron, después del pacto de noviembre, volvieron a sus trincheras para socavar al gobierno y luego farrearse el primer proceso constitucional con un ánimo refundacional que deslindaba en lo delirante.
Habrá que adentrarse en discutir los contenidos que debieran cristalizarse en el nuevo texto, entre ellos el rol del Estado, para conocer qué horizontes persiguen esta vez las izquierdas. La gran diferencia de ellas con el texto actual, antes que su origen, es ideológica. La tensión entre Estado social de derecho y subsidiariedad que se ha diseminado -en columnas y seminarios- es un ejemplo.
A la luz de la configuración del nuevo proceso, con sus bordes y cuidados para no volver a fallar, es evidente que si hay algo que la ciudadanía rechazó definitivamente en el plebiscito pasado es el ánimo refundacional estampado en el proyecto de la Convención. Ese hito debiera facilitar que, al menos las derechas, valoraran algunas virtudes del texto vigente -muchas aportadas por Jaime Guzmán- e intentaran promover acuerdos para su proyección en el nuevo texto: la dignidad de las personas, anteriores y superiores al Estado; la relevancia de los cuerpos intermedios, como la familia; la orientación del Estado al bien común; un catálogo claro de derechos; etc. Todas dan cuenta de un andamiaje constitucional virtuoso, aunque resulte intolerable para una izquierda obnubilada por su rechazo a la subsidiariedad y ansiosa porque el Estado lo traspase todo.
Lo que se avizora es una discusión profundamente ideológica. Convendría entonces que la búsqueda por compatibilizar subsidiariedad y Estado social se produzca en un ámbito conceptual más que con relación al tamaño del Estado. Más Estado, por sí mismo, no asegura ni mejor ni peor subsidiariedad. Pero si se logra conciliar con el espíritu que funda la subsidiariedad, volveremos a hablar -como acostumbraba Jaime Guzmán- de auxilio del Estado fundado en la libertad y supremacía trascendente de la persona y su contribución al bien común.
