En este contexto, nuestra posición en este debate es que, antes de seguir avanzando, convendría asumir como inexcusable la pregunta sobre hasta qué punto el llamado derecho a morir que se pide atenta contra la dignidad de la vida.
«En primer lugar, debemos recordar que todas aquellas personas que La Ley Valech declaró como víctimas de prisión política y tortura, ya cuentan con una serie de beneficios otorgados por el Estado».
El enfoque es claro: Se establecen derechos y deberes de los migrantes, buscando su igualdad e integración en el país.
La inmigración, es positiva, y ha sido tremendamente beneficiosa para Chile. Los inmigrantes han contribuido enormemente a su desarrollo, además de permitirnos un enriquecimiento cultural muy importante.
Si queremos tener un debate democrático, debemos partir por no faltar a la verdad respecto a los argumentos vertidos en el Congreso, especialmente, cuando provienen de quienes tienen una opinión diferente.
Esta hibridez puede generar confusión, desunión, y hacer equivocar los caminos a los gobiernos, sólo así se explica la astuta iniciativa del Frente Amplio de enviar ahora un proyecto que abra la discusión sobre la eutanasia. Por todo eso, asumir triunfos es aun apresurado, sobre todo cuando se buscan con camisetas ajenas.
Dentro de los argumentos esgrimidos, fundamentalmente, se hizo mención a que la objeción es una práctica que emana de la propia libertad de conciencia que garantiza la Constitución, y que las personas tienen convicciones que el Estado debe respetar.
Más allá de las diferencias o ignorancia que puedan seguir existiendo respecto de la figura de Jaime Guzmán, lo cierto es que absolutamente nada justifica su cobarde asesinato.
El interés que sigue generando su pensamiento, permite suponer no sólo que sigue ocupando un espacio de referente intelectual, sino que además su planteamiento aún no es superado.
Para resumirlo en una frase: los asesinos de Jaime así como los violentistas de hoy, no solo odian las ideas contrarias sino que también desprecian la democracia.
Pero que no sorprenda esta actitud, porque los que hoy golpean al que está en la vereda opuesta, hace 27 años justificaron en democracia la muerte de un senador electo por la ciudadanía.
Un lejano primero de abril de 1991, el mal llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ya que de patriótico no tuvo nada, al ser un aparato militar del Partido Comunista; o más bien, un grupo armado de carácter terrorista, asesinó, sin piedad, al Senador Jaime Guzmán Errázuriz.
La violencia política debe ser rechazada de plano, sin matices ni ambigüedades, pues si se anida en la sociedad va erosionando la convivencia y el estado de derecho hasta socavar las bases del comportamiento democrático.
Sin duda, uno de los temas de mayor complejidad que tendrá que enfrentar este Gobierno será la cargada mochila que dejó la administración anterior respecto de la situación de violencia y crisis social que se vive en la Araucanía.
No basta solo administrar las tensiones doctrinarias del sector, sino estimular su convergencia en torno a mínimos comunes que posibiliten un proyecto político
